Las plataformas CIEs No Motril y CIEs No Granada denuncian el inicio de las obras de un nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros en Motril 

  • Instan al Gobierno a que no continúe con la construcción del nuevo centro

Desde las plataformas CIEs No Motril y CIEs No Granada muestran su «preocupación por la construcción o habilitación de un centro de detención, bajo cualquier denominación que pueda tener, en Motril». La ciudadanía, recuerdan desde los distintos colectivos que integran las plataformas, «ya expresó claramente el 26 de mayo de 2018 por las calles de la localidad que no quería un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) ni en Motril ni en cualquier otro lugar» en el que se mantuviesen a personas migrantes bajo detención. Por ello se oponen «al aumento del espacio de encierro en estos centros de internamiento» en alusión al inicio de las obras de un nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).

Recuerdan igualmente que «las condiciones del CATE existente, según ha reconocido el Defensor del Pueblo, son inhumanas». Reiteran, además, que «no podemos confundir la acogida digna con la detención, como hemos expresado en multitud de ocasiones».

En el mes de octubre, el Consejo de Ministros aprobó una inversión de 3,3 millones de euros para adecuar el pabellón militar EVA-9 como “un CIE” según declaraciones de la propia portavoz del Gobierno, Isabel Celaá. Esto provocó un nuevo rechazo por parte de Motril, hasta el punto de que la misma tarde de ese anuncio la Subdelegación del Gobierno en Granada salió a matizar estas declaraciones. La Subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro, aclaró que la medida aprobada era “un trámite burocrático obligado”, pero que eso “no cambiaría en absoluto la situación: las obras seguirían paradas”.

El pasado noviembre, de nuevo, la Subdelegada del Gobierno declaró que estaban trabajando en la cesión de espacios por parte del Puerto de Motril y que la negociación para que los módulos tuviese una ubicación definitiva estaba “muy avanzada”. Así, sería junto a la central de hidrocarburos CLH la zona en la que se estudia la colocación del CATE a partir del mes de marzo. Mientras que, por su parte, la remodelación del antiguo CATE es algo que continúa en ‘stand by’.

En una noticia del 11 de diciembre de 2018 publicada en el periódico digital El Independiente de Granada se aseguraba que el Gobierno central construirá en 2019 un CATE en el Puerto de Motril, noticia dada a conocer por la Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, y el Jefe Superior de la Policía Nacional en Andalucía Oriental, Jesús Redondo Sanz.

Las últimas declaraciones de la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, ha informado de que la Dirección General de la Policía ha dado el visto bueno a la nueva ubicación ofrecida por el Puerto de Motril para acoger las instalaciones del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en un terreno que pertenece a la Autoridad Portuaria de Motril y que se ubica junto a los bidones de almacenaje de esta compañía de hidrocarburos con capacidad para guardar 124 millones de litros de combustible.

Del mes de octubre al mes de noviembre se cambia la situación y resulta que ahora si vamos a tener un centro de internamiento y además con mayor capacidad y con una ubicación muy peligrosa por su proximidad al almacenamiento de combustible.

Desde CIEs No Motril y CIEs No Granada instan «al Gobierno primero al cierre inmediato del CATE actual» y, en segundo lugar, se niegan «a la construcción de otro Centro de Internamiento para inmigrantes nuevo y mantenemos que Granada se convierta en territorio libre de centros de detención, ya sean CIES, CATES o con el nombre que quieran
denominarlos».

En su lugar, proponen «que los recursos ya librados en los presupuestos anteriores del estado por valor de 3.3 millones de euros para la construcción de un CIE sean invertidos en centros de acogida real» al mismo tiempo que «sean puestos a disposición a personas y asociaciones que realmente están llevando a cabo esa acogida digna y no a ONGs a las que el gobierno subvenciona de una manera directa y nominativa y que no están llevando a cabo esa acogida digna», ya reiteradamente denunciadas por varias irregularidades ante el Defensor del Pueblo.

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