Foto Miguel Paquet

CCOO y SUP ANTE LA FALTA DE RECURSOS, ALERTAN SOBRE EL COLAPSO EN LAS OFICINAS DE ASILO Y REFUGIO 

Según CCOO y SUP, la Oficina de Asilo y Refugio acumula más de 65.000 expedientes pendientes de resolución e impide obtener cita previa hasta 2020. El 8 de diciembre la situación se agravará con el cese del personal interino, que supone el 70 % de la plantilla actualmente encargada de desempeñar esta función.  

La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO y el Sindicato Unificado de Policía, alertan del caos humanitario y la fisura en materia de seguridad que podría generarse con motivo de la masiva afluencia originada en los servicios de atención a las personas solicitantes de asilo en España. El incremento del número de instancias, un 900% desde 2014, el aumento de la complejidad de los procedimientos para su trámite, incluso la disminución de funcionarios y el inmovilismo de los sucesivos equipos que han conformado el Ministerio de Interior, hacen inviable una respuesta adecuada a la demanda y están causado el bloqueo de los sistemas de cita previa.

Para SUP y CCOO, la garantía al derecho de asilo y refugio se está viendo quebrantada y, en este sentido, CCOO ha entregado varios informes a los Gobiernos del PP y PSOE, anticipando el desbordamiento de este servicio público, instando a plantear un análisis que determine una intervención en aras a evitar esta previsible situación. Entre otras medidas, se proponía el incremento de la plantilla, recogida en la Oferta de Empleo Público extraordinaria para 2018 y la prórroga del Programa Nacional del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI). Este último, a cargo de fondos europeos, supuso la contratación de 94 interinos durante tres años hasta el 8 de diciembre de 2018, como fecha límite, cuya continuidad, además de ser legislativamente viable durante doce meses mas, se hace fundamental para que la oficina no entre en situación de “cierre técnico”. 

Por otra parte el Sindicato Unificado de Policía, denuncia tanto la negativa incidencia que estas circunstancias están provocando en la seguridad del Estado, como en la carga de trabajo -en continuo aumento- que soportan los policías, sin que en ningún caso se pretenda criminalizar por ello a los solicitantes de asilo, sino evidenciar la necesidad de mantener el control y la vigilancia del cruce de fronteras al que, en demasiadas ocasiones, no se están destinado los recursos necesarios, con el agravante que en 2018 según las últimas estimaciones, el número de inmigrantes que arribarán a nuestro territorio de forma irregular podría superar las 60.000 personas.

SUP y CCOO aseguran que la primera consecuencia directa de esta acumulación de expedientes y los retrasos en su instrucción, es la aprobación por silencio administrativo favorable de muchos de ellos. Esto, desde el punto de vista humanitario, imposibilita filtrar los casos más urgentes y vulnerables; y desde el punto de vista de la seguridad, impide detectar la llegada de personas reclamadas por terceros países, con prohibiciones de entrada en nuestro país o vinculadas a cualquier tipo de actividad ilícita.

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