La Junta de Andalucía destinará 54,4 millones de euros al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) para el ejercicio 2019, según ha informado en el Parlamento el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración LocalJuan Marín. El pasado 29 de abril se publicó la convocatoria de las subvenciones a las diputaciones provinciales destinadas a la financiación de obras y servicios de dicho plan.

El PFEA facilita la ejecución de múltiples obras y servicios en la mayoría de municipios andaluces, permite el sostenimiento del empleo y el arraigo de la población en el entorno rural y tiene como objetivo la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores agrarios.

En relación a este programa, el Estado abona la mano de obra, y la Junta de Andalucía y las diputaciones provinciales el importe de los materiales. Para este ejercicio, se ha producido un incremento del 5% en las partidas aportadas por cada una de las administraciones. El Estado aporta 161 millones, la Junta de Andalucía 54,4 y las diputaciones 18 millones de euros. El Gobierno andaluz ha aumentado en 3,4 millones su aportación respecto a la convocatoria de 2018. La Junta de Andalucía ha planteado en el comité regional del PFEA la necesidad de incrementar todos los años como mínimo un 5% el importe destinado a este programa, y no como hasta ahora que ha estado siete años congelado.

La distribución de los 54,4 millones de euros por provincias será: Sevilla, 12,2 millones; Córdoba, 8,4; Granada, 7,3; Jaén, 7; Málaga, 6; Cádiz, 5,8; Huelva, 4,4; y Almería, 3 millones.

Marín ha anunciado que la Dirección General de Administración Local ha iniciado un estudio de los criterios que se aplican en cada provincia para el reparto del PFEA con tres objetivos fundamentales. En primer lugar, modificar, si así se concluyera, los criterios que de forma general vienen establecidos en la norma estatal de 1997, y que nunca han sido actualizados. En relación al proyecto de despoblación, conocer qué criterios o no se aplican en este sentido y tener conocimiento directo del por qué se adoptan unos requisitos de reparto en unas provincias y otros en otras. Los resultados de este estudio servirán para la elaboración de un proyecto de actualización y desarrollo del Plan de Fomento del Empleo Agrario.

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