En la prensa nacional destaca el artículo escrito por Patricia R. Blanco en el periódico EL PAÍS, con el título de “No son presos políticos como dice Pablo Iglesias; son políticos presos”.

Patricia R. Blanco.- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, retomó este jueves el discurso de la existencia de presos políticos en España y condenó la prisión incondicional del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros siete exconsejeros del Govern de Carles Puigdemont. “Me avergüenza que en mi país se encarcele a opositores. No queremos la independencia de Cataluña, pero hoy decimos: libertad presos políticos”, afirmó en Twitter.

No ha sido el único en calificar a los ocho detenidos como “presos políticos”. También el expresident Carles Puigdemont o la secretaria general de ERC, Marta Rovira, han utilizado el mismo término para censurar la entrada en prisión de los ochos políticos catalanes acusados de rebelión, sedición y malversación. Sin embargo, ¿han sido enviados a la cárcel por sus ideas o por su papel en la celebración del referéndum ilegal del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia?

La juez Carmen Lamela basa el envío a prisión provisional de los exconsejeros, según el auto, en los supuestos que contempla la ley. Puesto que “algunos querellados ya se han desplazado a otros países” para eludir “posibles responsabilidades penales” —Puigdemont y cuatro exconsejeros están en Bélgica— la juez estima que sí existe riesgo de fuga, más aún al considerar las elevadas penas de prisión que conllevan los delitos que supuestamente han cometido: rebelión (hasta 25 años), sedición (15 años) y malversación (de ocho a diez años).

Cree la juez, asimismo, que los ocho exconsejeros podrían destruir pruebas porque “han ostentado hasta hace solo unos días” cargos públicos y que podrían volver a delinquir, tal y como lo han hecho de forma “planificada y consciente” desde las últimas elecciones catalanas, el 27 de septiembre de 2015.

Según el auto, la juez considera que Junqueras y los siete exconsejeros “se valieron de la población” y “alentaron actos de insurrección pública, de desobediencia y de resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado” en una acción coordinada con la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium. Esta “estrategia de todo el movimiento secesionista” llevaría a “la celebración del referendum ilegal el día 1 de octubre y a la declaración de independencial aprobada en el Parlamento [catalán] el pasado día 27 de octubre”.

Lamela considera que el Gobierno cesado de la Generalitat ha desobedecido “sucesiva, sistemática y frontalmente todas y cada una de las decisiones del Tribunal Constitucional” en la ejecución de la hoja de ruta recogida en el documentoEnfo CATs: Reenfocant el procés d´independencia per un resultat exitós, intervenido el pasado 20 de septiembre por la Guardia Civil. Este documento “recogía el papel que deberían jugar cada uno de los actores en el desarrollo del plan. (…) En la práctica, se corresponde perfectamente con todos los pasos ejecutados por el Gobierno de la Generalitat durante los más de dos años transcurridos, incluida la declaración unilateral de independencia”, reza el auto judicial.

¿Son entonces presos políticos Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Joaquim Forn y Carles Mundó? No parece que sea el caso. Según el auto judicial, cometieron supuestamente los delitos de rebelión, sedición y malversación. Se dan, asimismo según el texto judicial, los supuestos previstos para dictar prisión provisional sin fianza. No han sido, por tanto, encarcelados por sus ideas: son políticos presos, no presos políticos.

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