La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad inicia hoy día 9 de septiembre al proceso electoral en las cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Andalucía, con la publicación en el BOJA de la convocatoria de elecciones del Pleno, Comité Ejecutivo y Presidencia en cada una de ellas, fijada para el próximo 23 de octubre.

Está convocado a estas elecciones todo el sector comercial, es decir, todas las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que ejerzan actividades comerciales, industriales, de servicios y navegación, con establecimientos, delegaciones o agencias en los ámbitos territoriales de las cámaras andaluzas.

En octubre de 2018 el Consejo de Gobierno aprobó un nuevo decreto (Decreto 189/2018, de 9 de octubre) por el que se regula la composición de los órganos de gobierno de las cámaras de Comercio, así como su procedimiento electoral. La nueva norma, que sustituye a la vigente desde 2005 para adaptarse a la nueva ley básica estatal, incrementa la representación directa de las empresas y sus organizaciones, adecuándola a la realidad económica de cada territorio. Además, dota de mayor agilidad y eficiencia al proceso de elecciones.

Como principal novedad, y de acuerdo con la ley estatal, se eleva del 15 al 20% del total de las vocalías el número de representantes propuestos por las organizaciones empresariales, y un 5% el de las empresas con mayores aportaciones voluntarias a las corporaciones. El 75% restante se elegirá mediante sufragio libre, igual, directo y secreto entre los componentes del censo de cada cámara, teniendo en cuenta la importancia de los distintos sectores en indicadores como la aportación al Producto Interior Bruto, el número de sociedades, el empleo generado y su incidencia en el desarrollo económico. Asimismo, se garantiza la representación equilibrada de mujeres y hombres en la estructura y composición del pleno respecto a las vocalías de libre elección.

En cuanto al procedimiento electoral, destaca la reducción general de los plazos que introduce el decreto para las distintas fases. Además, la persona que asuma el cargo de la presidencia de una cámara no podrá superar más de dos mandatos consecutivos (de cuatro años cada uno) y se establece explícitamente la inelegibilidad de quienes estén incursos en alguna causa legal que lo impida, de quienes han sido condenados por delito económico con sentencia firme o de quienes hayan sido sancionados o condenados por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias en la legislación vigente.

Finalmente, cada cámara deberá dar publicidad a la convocatoria electoral en su sede social y en su página web, así como a través de los medios de comunicación, además de adoptar las medidas necesarias para promover y facilitar la presentación de candidaturas de mujeres.

Las Cámaras, como corporaciones de derecho público, son órganos consultivos y de colaboración con las Administraciones públicas y tienen como finalidad la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria y la navegación, así como la prestación de servicios a las empresas que realicen estas actividades. Estas funciones tienen su concreción en un amplio catálogo de servicios que cada cámara oferta al sector empresarial andaluz, a las personas emprendedoras y, en general, a toda la ciudadanía. Estos servicios van dirigidos a favorecer la internacionalización, la formación, la innovación y fomento del empleo en el sector empresarial andaluz.

Refuerzo de las Cámaras

El Consejo de Gobierno aprobó el pasado mes de junio el proyecto de Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Andalucía, iniciándose a partir de entonces su tramitación parlamentaria. El nuevo texto sustituirá al vigente desde 2001 para adaptar la legislación andaluza a la regulación básica estatal de estas corporaciones de Derecho Público y reforzará su papel como prestadoras de servicios públicos a las empresas.

El proyecto de ley subraya la importancia de las cámaras y garantiza la adecuada representación de todos los sectores económicos en sus órganos de gobierno. Asimismo, impulsa la coordinación intercameral y su representación a través del Consejo Andaluz de Cámaras.

Además de fomentar la labor de las cámaras como prestadoras de servicios, en particular a las pequeñas y medianas empresas, el texto normativo aprobado por el Ejecutivo andaluz impulsará el carácter dinamizador de las cámaras en la expansión nacional e internacional de las empresas, así como en la mejora de su competitividad. La norma incluye también diversas fórmulas de financiación pública de las funciones público-administrativas de las cámaras andaluzas, incluyendo una memoria económica de 3.490.000 euros, lo que supone una apuesta decidida del Gobierno autonómico por el mantenimiento de una red amplia e importante para el empresariado de la comunidad autónoma.

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