Un artículo realizado para Motril@Digital por el Doctor y Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Carlos Martínez Mateo, despeja las dudas sobre la aplicación de una moción de censura en las corporaciones locales, desde 2019.

Carlos Martínez Mateo.- El Tribunal Constitucional ha anulado mediante la Sentencia 151/2017, de 21 de diciembre de 2017, una norma contra las situaciones de tránsfuga política que ofrecía la ley electoral vigente, se trata del artículo 197.1 a) párrafo tercero (en relación con el párrafo segundo, de la Ley  Orgánica  5/1985, de 19  de  junio,  de  régimen electoral  general o LOREG).

Este precepto declarado inconstitucional, significaba la principal medida contra los tránsfugas políticos incluida en la reforma electoral promovida por el Gobierno de Rodríguez Zapatero a través de la Ley Orgánica 2/2011 de 28 de Enero.

Esta norma, establecía que, para el caso de que existiese una moción de censura contra un alcalde promovida por concejales que han dejado un grupo político, se exigía un quorum reforzado, donde el voto de esos concejales “no adscritos” valíese tan sólo la mitad que el del resto de sus compañeros de corporación, no bastando con que la firmasen la mitad más uno de los ediles del Pleno. Por ejemplo, si la mayoría absoluta de un Ayuntamiento equivale a 9 votos y la moción de censura es apoyada por tres tránsfugas, sólo puede tramitarse en el caso de que la firmen 12 ediles.

¿QUÉ SON LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS? ¿QUÉ DERECHOS TIENEN?

Son aquellos que han dejado de pertenecer a su grupo político por diferentes razones y quedan sin unirse a ningun grupo de los que componen el Pleno municipal.

Como personas físicas, disfrutan de sus derechos individuales atruidos por el art. 10.1 C.E , siendo uno de ellos con carácter fundamental, el establecido el artículo 23.2 de nuestra Carta Magna. Según el Tribunal Constitucional, las funciones esenciales este derecho a la participación política “se atribuyen a su titular y en condiciones de igualdad, y no al partido político o grupo en el que se integre”. Asimismo, el mandato libre supone “la exclusión de todo sometimiento jurídico del representante, en cuanto tal, a voluntades ajenas”.

Con el pronunciamiento del Tribunal, desde ahora, estos ediles se liberan de la subordinación a las instrucciones y fiscalización de los grupos políticos o los partidos, en contra de su libertad de mandato

¿EL CESE DE LA RELACIÓN DE UN CONCEJAL CON SU PARTIDO ES UN FRAUDE A LA VOLUNTAD DE SUS ELECTORES?

Según la sentencia, el cese de la relación de un concejal con su partido no responde necesariamente “a una defraudación de la voluntad popular” o a un intento de “desestabilización de la dinámica municipal”. Para el Tribunal Constitucional, exigir este quórum reforzado sin distinguir entre las causas que han provocado el cambio de bando del concejal vulnera el derecho fundamental a la participación política, consagrado en el artículo 23.2 de la Constitución.

¿POR QUÉ SUPONÍA LA EXIGENCIA DE MAYORÍA AGRAVADA UNA VULNERACIÓN AL DERECHO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA?

Según el Tribunal Constitucional: “La moción de censura forma parte del “núcleo de la función de representación política” y que el incremento del quórum “altera” para los concejales no adscritos “el régimen de un derecho legalmente configurado”. Esta exigencia “puede hacer inviable una pluralidad de escenarios, y como es notorio, la tramitación de aquella iniciativa de control del gobierno municipal”.

¿LA SOLUCIÓN LEGAL DEL PRECEPTO INCONSTITUCIONAL ERA ACERTADA?

En el apartado séptimo del preámbulo de la LOREG, se afirma que esta medida de regeneración democrática “contribuirá a eliminar las tensiones políticas y sociales y que favorecerá de cara al futuro la estabilidad en la vida municipal”.

Es por ello por lo que se diseñó como un elemento de seguridad básico para la lucha contra las tránsfugas políticas y aseguraba el cumplimiento de la voluntad popular expresada en las urnas y la estabilidad municipal. Sin embargo, se ha demostrado que la limitación impuesta por la ley electoral a los concejales no adscritos, colisiona frontalmente con el principio de que el acta pertenece al edil y no al partido por el que fue elegido.

El “transfuguismo”, en palabras del Constitucional, “no puede intervenirse por el legislador con restricciones al ius in officium (es decir el derecho al ejercicio de los cargos públicos representativos) que impacten en el ejercicio natural del cargo público”, pues “no es cierto que la desvinculación orgánica o política del grupo de origen desestabilice por defecto o sin excepción la vida municipal o modifique la voluntad popular”.

¿POSEE EFECTOS RETROACTIVOS ESTA ANULACIÓN LEGAL?

La medida no tendrá efectos retroactivos y no ha anulado sus actos de aplicación para evitar inseguridad jurídica. El Tribunal Constitucional da de plazo hasta las siguientes elecciones al legislador para que sustituya la norma inconstitucional. (Se aplicará en las próximas elecciones municipales, en 2019, y no afecta a los casos que se hayan podido producir hasta ahora).

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